Por Carlos Cordero Carrafa
El fraude electoral debe entenderse como la manipulación y sustitución de la voluntad política ciudadana, expresada originalmente en la papeleta de votación y depositada en las urnas. La manipulación del voto puede realizarse de diversas maneras y la creatividad para realizar fraude, nos lo dice nuestro anecdotario electoral, es muy rico y variado.
En las elecciones realizadas en 1978, 1979 y 1980, cuando la tecnología digital y el padrón biométrico no existían en el vocabulario ciudadano y tampoco se utilizaba la papeleta multicolor y multisigno de dos campos, que en la actualidad es una característica de nuestro sistema de votación, el fraude, bastante rudimentario aunque efectivo, era la sustracción de urnas y la sustitución completa de los sobres con votos y la introducción de nuevos sobres con votos favorables a un solo frente político. Antes del robo y violación de urnas era usual, y otra expresión del fraude, que en los recintos de votación las papeletas electorales de los partidos opositores a la candidatura oficial desaparecieran casi misteriosamente. Pues, para colmo, eran los partidos políticos quienes debían imprimir sus papeletas de votación, llevarlas hasta las escuelas o colegios donde se iba a realizar la elección y verificar con regularidad que no faltaran papeletas en los cuartos privados de votación. Las mesas electorales sólo entregaban a los ciudadanos sobres blancos, abiertos y vacíos, para que el ciudadano introduzca en ellos la papeleta del partido preferido y así expresarse políticamente.
La papeleta múltiple, la eliminación de los sobres, la introducción de las actas electorales, así como la impresión de papeletas por el Órgano Electoral, exigieron la actualización de los mecanismos fraudulentos para manipular la voluntad política de los ciudadanos. Es así que en las elecciones de 1985 y 1989 se impuso el fraude jurídico, que consistía en la anulación de actas de votación y, por consiguiente, la anulación de cientos de mesas de votación y la anulación de miles de votos ciudadanos. El remedio consistió en la introducción del principio de preclusión, que impedía la revisión de los actos electorales ya efectuados, como el escrutinio y el cómputo. El principio de preclusión inhibía la anulación posterior de las actas y mesas electorales. En casos extremos, parte de la solución fue la repetición de la votación en las mesas electorales observadas.
Lo último en fraude electoral fueron las denuncias de clonación de documentos de identidad, el surgimiento de electores fantasmas, el voto de fallecidos, el traslado o acarreo de votantes de un recinto a otro, amparados por la tenencia y utilización de documentos de identidad fraguados. El remedio para estos renovados recursos fraudulentos, los cuales se habrían utilizado en los anteriores procesos electorales, llevados a cabo entre los años 2002 y 2009, fue el padrón biométrico.
Cuando los ciudadanos creíamos que con la introducción del registro digitalizado toda sospecha sobre fraude electoral había desaparecido de nuestro horizonte democrático, con la reciente presentación del padrón depurado, lamentablemente, surgen nuevas dudas que, de no ser aclaradas oportuna y adecuadamente por el Órgano Electoral Plurinacional, le están restando legitimidad a los resultados electorales de diciembre. Cualquiera que sea el ganador de las elecciones.
En las elecciones realizadas en 1978, 1979 y 1980, cuando la tecnología digital y el padrón biométrico no existían en el vocabulario ciudadano y tampoco se utilizaba la papeleta multicolor y multisigno de dos campos, que en la actualidad es una característica de nuestro sistema de votación, el fraude, bastante rudimentario aunque efectivo, era la sustracción de urnas y la sustitución completa de los sobres con votos y la introducción de nuevos sobres con votos favorables a un solo frente político. Antes del robo y violación de urnas era usual, y otra expresión del fraude, que en los recintos de votación las papeletas electorales de los partidos opositores a la candidatura oficial desaparecieran casi misteriosamente. Pues, para colmo, eran los partidos políticos quienes debían imprimir sus papeletas de votación, llevarlas hasta las escuelas o colegios donde se iba a realizar la elección y verificar con regularidad que no faltaran papeletas en los cuartos privados de votación. Las mesas electorales sólo entregaban a los ciudadanos sobres blancos, abiertos y vacíos, para que el ciudadano introduzca en ellos la papeleta del partido preferido y así expresarse políticamente.
La papeleta múltiple, la eliminación de los sobres, la introducción de las actas electorales, así como la impresión de papeletas por el Órgano Electoral, exigieron la actualización de los mecanismos fraudulentos para manipular la voluntad política de los ciudadanos. Es así que en las elecciones de 1985 y 1989 se impuso el fraude jurídico, que consistía en la anulación de actas de votación y, por consiguiente, la anulación de cientos de mesas de votación y la anulación de miles de votos ciudadanos. El remedio consistió en la introducción del principio de preclusión, que impedía la revisión de los actos electorales ya efectuados, como el escrutinio y el cómputo. El principio de preclusión inhibía la anulación posterior de las actas y mesas electorales. En casos extremos, parte de la solución fue la repetición de la votación en las mesas electorales observadas.
Lo último en fraude electoral fueron las denuncias de clonación de documentos de identidad, el surgimiento de electores fantasmas, el voto de fallecidos, el traslado o acarreo de votantes de un recinto a otro, amparados por la tenencia y utilización de documentos de identidad fraguados. El remedio para estos renovados recursos fraudulentos, los cuales se habrían utilizado en los anteriores procesos electorales, llevados a cabo entre los años 2002 y 2009, fue el padrón biométrico.
Cuando los ciudadanos creíamos que con la introducción del registro digitalizado toda sospecha sobre fraude electoral había desaparecido de nuestro horizonte democrático, con la reciente presentación del padrón depurado, lamentablemente, surgen nuevas dudas que, de no ser aclaradas oportuna y adecuadamente por el Órgano Electoral Plurinacional, le están restando legitimidad a los resultados electorales de diciembre. Cualquiera que sea el ganador de las elecciones.
